Junio 2012

Integrantes de la SCJ, invitados por la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sirpa, proponen el establecimiento de penas mínimas en el CNA.

Viernes, 1 de junio

La empresa FOCO da a conocer datos sobre la emisión de noticias policiales en los informativos centrales de televisión. Las notas policiales tuvieron unos 35 mil segundos de aire en mayo del 2011, pasando a más de 50.000 en mayo de este año. Una encuesta de Cifra, dada a conocer a mediados de mayo, señalaba que para el 65% de la opinión pública, la inseguridad es el “principal problema del país”. En el año 2007, lo era para el 13%.

Domingo, 3 de junio

- Según datos del Registro Nacional de Antecedentes de Adolescentes Infractores, de la SCJ, al 28 de mayo había 752 personas inscriptas en dicho registro. De esa cifra, 665 fueron ingresadas al registro por primera vez, mientras que las 87 personas restantes eran reincidentes, “lo que arroja un índice de reincidencia del 11.5%” a nivel nacional, de acuerdo al presidente de la SCJ, Daniel Gutiérrez. En Montevideo, el índice de reincidencia llega al 27%.

- Una jueza de Maldonado envía a prisión, por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, a los padres de un adolescente que había cometido delitos en reiteradas ocasiones. La magistrada entendió que aun cuando los padres sabían que su hijo portaba un arma de fuego, con la que cometía dichos delitos, “no hicieron nada”, para impedir que ello ocurriera.

Martes, 5 de junio

El diputado del PN, Jorge Gandini, presenta un proyecto de ley con el objetivo de endurecer las penas para los adolescentes que cometan delitos. La propuesta establece que para los delitos considerados gravísimos, el juez “deberá obligatoriamente disponer la privación de libertad como la única medida de carácter socioeducativa. En estos casos el mínimo de internación será de 12 meses y el juez en ningún caso podrá disponer del cese de la medida (es decir su libertad), antes que se cumplan los dos tercios de la pena, al igual que en el Código Penal”, puntualiza el diputado.

Viernes, 8 de junio

El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, se manifiesta a favor de la fijación de penas mínimas: “Brinda mayor seguridad jurídica que existan mínimos y máximos para cada delito, de forma tal de acotar la discrecionalidad para evaluar la gravedad de las medidas a aplicar en cada caso concreto”.

Sábado, 9 de junio

La Justicia procesa sin prisión a los siete funcionarios del Sirpa y a los tres policías involucrados en la fuga de 13 adolescentes del Hogar Sarandí de la Colonia Berro el pasado 18 de abril. El juez les tipificó “un delito de evasión por culpa del funcionario encargado de la custodia de detenido”. El magistrado entendió que los funcionarios y los policías no podían evitar la fuga, pero tendrían que haberse percatado de la misma. El sindicato del INAU protesta el fallo judicial. “No corresponde responsabilizar a trabajadores individuales por las fallas de seguridad en los hogares”, señala el dirigente Carlos Salaberry.

Martes, 12 de junio

Con apoyo de todos los partidos políticos se promoverá una ley que regule el ingreso a centros de privación de libertad del INAU, de personas mayores de edad que hayan cometido un delito. La normativa apunta a que se prohíba el ingreso de jóvenes mayores de 18 años a terminar de cumplir sus penas en dependencias del INAU. La Comisión de Derechos Humanos de Diputados visitó la Colonia Berro y se percató de casos de jóvenes que estuvieron en el Comcar y que al volver a hogares de adolescentes son vistos como ídolos y modelos a seguir.

Miércoles, 13 de junio

- “Ahora estamos combatiendo con la generación de 2002. Los que eran niños en 2002 son los que están delinquiendo ahora. Hace un par de años que empezó a crecer la delincuencia porque aquellos que tenían entre 5 y 10 años en aquel momento son los que ahora delinquen”, afirma el jefe de Policía, Diego Fernández, en una entrevista para la revista Políticas, que edita Presidencia de la República. Desde la oposición critican sus declaraciones por considerar que están en la misma sintonía que las del gobierno.

- La SCJ aplica una sanción de término “medio” al juez Juvenal Javier, por haber dejado en libertad a un adolescente que cumplía una condena por asesinato. El magistrado determinó su fallo tras el vencimiento de los 60 días previstos por el CNA para el dictado de la sentencia, en virtud de que desde el INAU no le enviaron los informes técnicos relativos al adolescente. De todas formas, la SCJ consideró que “la actuación del juez causó un perjuicio a la imagen del sistema de Justicia”, según explica su presidente, Daniel Gutiérrez. La sanción quita la posibilidad a Javier de obtener un ascenso por el plazo de dos años.

Martes, 15 de mayo

El sindicato del INAU resuelve extender la política de cupos para los hogares de privación de libertad. Hasta ahora, los funcionarios no permitían el ingreso de adolescentes a dos centros. Actualmente, los hogares del Sirpa alojan a 450 adolescentes, cuando su capacidad es de 300. El hacinamiento es del 166%. El presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, dice que todos los adolescentes duermen en camas, aunque señala que “están apretados”.

Domingo, 17 de junio

El gobierno presenta la “Estrategia para la vida y la convivencia”, un documento con 15 medidas que apuntan a solucionar los problemas de violencia y seguridad pública a los que se enfrenta el país. Entre otras, se propone aumentar las penas mínimas para los delitos cometidos por adolescentes, así como incluir a los informativos en el horario de protección a niños, niñas y adolescentes.

Jueves, 21 de junio

Un estudio elaborado por la Fundación Justicia y Derecho, revela que el 72% de los adolescentes privados de libertad, ya había estado internado en una institución del INAU en su niñez. “No son tanto los adolescentes que cometen delitos, sino que son fieles clientes del sistema. El adolescente que hoy esta privado de libertad -y que no es la primera vez- delata que aquella primera vez no fue efectiva para evitar la reincidencia”, señala el documento.

Viernes, 22 de junio

La gran mayoría de los sectores políticos del FA se oponen a la propuesta del gobierno de aumentar las penas de privación de libertad para los adolescentes que cometan delitos gravísimos. Sí se acompaña el establecimiento de penas mínimas. El diputado Nicolás Pereira opina que “la fijación de mínimos asegura una rehabilitación” del adolescente, mientras que fijar un máximo “es una señal política para afuera, pero en realidad no hay evidencia que vaya a significar una mejoría”.

Miércoles, 27 de junio

El Poder Ejecutivo resuelve no incluir el aumento de penas para los delitos cometidos por adolescentes en el proyecto de ley que enviará al Parlamento. Se mantiene el que establece penas mínimas de un año de privación de libertad para los delitos gravísimos. En estos casos, el adolescente podrá recurrir a la libertad anticipada “después de cumplida la mitad de la pena impuesta”.

Jueves, 28 de junio