top of page

Febrero 2012

2012

Las autoridades del INAU, determinan que los centros de privación de libertad Cerrito y Hornero, de la Colonia Berro, en los que se aplica un régimen “abierto”, pasen a tener las características de los recintos de máxima seguridad. En los “hogares abiertos”, los adolescentes pueden transitar libremente por el predio de la Colonia, y realizan actividades de huerta y crianza de animales. A partir de ahora un vallado perimetral rodeará el predio, las celdas tendrán rejas, y los adolescentes deberán pedir permiso a los funcionarios para ir al baño. El gerente interino del Semeji y futuro presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, dice que la decisión fue tomada por el aumento en el número de adolescentes privados de libertad, que aumentó de 330 a 430 en los últimos meses.

Jueves, 9 de febrero

El gerente interino del Semeji, Ruben Villaverde, anuncia que el organismo realizará un llamado para asistentes sociales, abogados y psicólogos, ya que los técnicos que trabajan actualmente en el organismo, “no dan abasto” para elaborar los informes sobre adolescentes privados de libertad. Según el jerarca, se necesita un 35% más de personal para cubrir el déficit actual. 

Lunes, 13 de febrero

El Semeji y sindicato del INAU, alertan sobre el alto nivel de hacinamiento existente en la Colonia Berro. Actualmente hay 436 adolescentes privados de su libertad, cuando el lugar cuenta con 300 plazas. “La situación es complicada. Hay gurises durmiendo en el piso y habilitamos lugares de urgencia para ponerlos a dormir”, dice el presidente del sindicato, Joselo López. La situación afecta también a los funcionarios. “Hay gente trabajando hasta en los pasillos”, reconoce el gerente interino del Semeji, Ruben Villaverde

Jueves, 16 de febrero

Distintos magistrados coinciden en que la Ley 18.778, que establece que si una persona mayor de edad cometió un delito grave siendo adolescente, no será considerado primario, no es aplicada por los jueces, y que la norma no cumple con el efecto con el que fue aprobada. El juez de adolescentes, Hugo Morales, considera que “no tiene sentido” aplicar la ley, porque significa “sancionar a la persona dos veces por un mismo hecho”.

Sábado, 25 de febrero

bottom of page