Varias organizaciones de la sociedad civil expresan, mediante un comunicado, su preocupación por “la lentitud que nuevamente ha tomado la cuestión de designación de direcciones y cargos en áreas prioritarias y estratégicas desde donde se desarrollan y deciden las políticas para la infancia en el país”. El comunicado hace un llamado a “redoblar esfuerzos” para una inmediata designación de dichas autoridades, al tiempo que recuerdan “la coincidencia de escenarios” con la anterior administración, cuando el directorio del INAU fue el último en ser designado.

 

El Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, emite un comunicado en el que alerta sobre la gran cantidad de jueces que dictaminan la internación de los adolescentes “sin que aparezcan debidamente fundadas las razones por las cuales no se aplican otras sanciones no privativas de libertad”. De acuerdo a cifras del año 2008, al 82.2% de los 547 adolescentes que pasaron por un proceso judicial, se les dictaminó la privación de libertad.