Durante la audiencia preliminar, tanto la fiscalía como la defensa, e incluso el Juez, pueden solicitar la presentación de pruebas. En estas pueden incluirse declaraciones de víctimas o testigos, pericias o elaboración de informes técnicos. Luego de recabadas las pruebas, la fiscalía debe definir si solicita el inicio de un proceso, en cuyo caso el Juez dictará las medidas cautelares que “menos perjudiquen al adolescente”[5]. De acuerdo a datos del año 2010, en el 91% de los casos, la fiscalía solicitó el inicio de un proceso judicial[6].

Las medidas cautelares son aquellas dispuestas por el juez mientras define cuál será la sentencia que aplicará al adolescente involucrado. Aquellas que implican algún tipo de privación de libertad, como el arresto domiciliario o la internación provisoria, se pueden extender por un máximo de sesenta días, salvo en los casos de los delitos considerados gravísimos, en los que el plazo es de noventa días[7]. Cumplido este plazo, si el Juez no dictó una sentencia, el adolescente debe quedar en libertad.

También en el caso de las medidas cautelares, la privación de libertad debe ser el último recurso del que hace uso un Juez. Esta concepción responde a las consecuencias que la privación de libertad de cualquier tipo tiene sobre personas en pleno proceso de desarrollo, como son los adolescentes. Pero también al hecho de que el adolescente aún no fue responsabilizado y todavía es, a ojos de la justicia, inocente. “La diferencia jurídica entre la privación de libertad como medida cautelar y como sanción es muy importante, por cuanto se trata de dos institutos, con un régimen jurídico diverso”[8]. 

El Juez podrá aplicar medidas cautelares privativas de libertad, “siempre que ello sea indispensable” para asegurar la presencia del adolescente en futuras instancias del juicio –es decir, que no se fugue o interrumpa la investigación-, o en pos de la seguridad de “la víctima, el denunciante o los testigos”[9].

Finalmente, la medida cautelar privativa de libertad solo podrá ser aplicada cuando la pena prevista para el delito imputado prevé la privación de libertad[10]. Aunque se detecta un excesivo uso de la privación de libertad como medida cautelar –incluso en casos de delitos sin violencia, como el hurto-, las investigaciones al respecto destacan en estos casos un mayor cumplimiento del CNA, en tanto la sentencia definitiva es privativa de libertad[11].