Según el art. 74, el adolescente tiene derecho a contar con asistencia jurídica gratuita a partir de la detención, a lo largo del proceso y hasta que se complete la ejecución de las medidas que eventualmente disponga el Juez.

El rol de la defensa es fundamental para garantizar un proceso judicial respetuoso de los derechos de los adolescentes involucrados en el mismo. Más si, como ocurre en estos casos, la inmensa mayoría de los adolescentes y sus familias no tiene los recursos para contratar a un abogado de confianza y debe ser asesorado por un defensor de oficio. De acuerdo a las estadísticas disponibles, entre el 85% y el 95% de los adolescentes que pasan por el sistema de Justicia Penal Juvenil es asistido por el servicio de asistencia de oficio del Poder Judicial[1].

 

Luego de cumplidos los veinte días para la presentación de pruebas , la fiscalía debe definirse por la acusación o el sobreseimiento. Como muestran las estadísticas, son prácticamente nulos los casos en los que se decreta el sobreseimiento del adolescente. Para 2010, en el 98% de los casos, la fiscalía definió la acusación del adolescente, con la solicitud de la correspondiente medida socioeducativa.

 

A su vez, la defensa puede presentar y solicitar el estudio de nuevas pruebas. Sin embargo, sólo en el 1% de los casos así lo hizo. [2]

 

Por su parte, la postura de la defensa, también en la gran mayoría de los casos, fue la de allanarse, es decir, la de aceptar, sin ningún tipo de cuestionamientos, el pedido de la fiscalía. Para 2010, en el 93.5% de los casos hubo allanamiento  de la defensa.  El allanamiento puede ser total, o la defensa puede contradecir la duración de la medida socioeducativa solicitada, es decir, solicitar una duración menor para su defendido. Para 2010, el 39% de los allanamientos fueron totales, lo que señala a su vez que en el 61% de los casos, la defensa contradijo –es decir, solicitó una medida socioeducativa de menor duración que la pedida por la fiscalía- la solicitud de la fiscalía. Según el informe Delincuencia Juvenil en Montevideo, de donde fueron tomados estos datos, “esto implica que en los últimos períodos la defensa ha tenido una actitud más activa en relación con la acusación de la fiscalía”[3].

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