En este sentido, los términos que utilizamos para presentar las noticias, se revisten de sentido, en tanto moldean –aunque ello no sea necesariamente la intención final del periodista-, la visión que la ciudadanía tiene sobre la temática, lo que influye directamente en su posición respecto a cuáles son las medidas a tomar para solucionar lo que es presentado como un problema: el de la seguridad pública.

 

En un contexto en el que los adolescentes son visualizados como los principales responsables de la “inseguridad” –aún cuando estas afirmaciones no tengan asideros válidos-; en el que el término menor ha quedado indisolublemente ligado a los adolescentes que cometen delitos[1], la especial atención a la terminología que utilizamos en nuestras coberturas, se vuelve vital en tanto su utilización puede alimentar y reforzar esos preconceptos y estereotipos.

 

El cambio de paradigma que trajo consigo la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y su adecuación nacional en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), de una visión tutelar de la infancia y la adolescencia, a una concepción de las personas menores de 18 años como sujetos de derechos, debe ser pensada también desde nuestro trabajo como periodistas y comunicadores.