El foco de la propuesta de reforma constitucional estuvo centrada en la llamada “baja de la edad de imputabilidad” de 18 a 16 años, es decir, en la reducción de dos años de la mayoría de edad legal penal. El objetivo de los impulsores de la reforma es la aplicación del Código Penal de adultos para los adolescentes mayores de 16 años.

 

Naturalmente, el debate sobre el tema abarcó todos los espacios de opinión pública, a partir de una presencia en los medios de comunicación que alcanzó su pico histórico de los últimos años, precisamente durante el período en que se desarrolló la recolección de firmas[1].

 

Pero la propuesta de reforma constitucional que será plebiscitada junto con las elecciones nacionales el próximo mes de octubre, no se limita únicamente a la aplicación del Código Penal de adultos para los adolescentes mayores de 16 años –ni se circunscribe, como veremos, a los delitos considerados graves-, sino que plantea una serie de medidas –algunas ya existentes-, que interesa observar detenidamente.

 

Frente a un tema instalado en la opinión pública y una presencia superlativa en la campaña electoral, el papel de los periodistas se torna crucial, en tanto serán éstos los encargados de transmitir a la población las diferentes posturas a favor y en contra de la iniciativa.

 

 

[1] El tema representó el 18.5% del total de noticias sobre niñez y adolescencia publicadas en los medios de prensa durante el año 2011. Descendió al 13.3% en 2012 y volvió a hacerlo en 2013, cuando representó el 8.5% del total de noticias de niñez y adolescencia. La cifra del año pasado es similar a la de 2007 (7.3%), cuando el tema aún no era parte de la agenda mediática.