Justicia Penal Juvenil
Información, herramientas y recursos para una cobertura periodística de calidad sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
[1] RAFAEL BAYCE, Creando inseguridad: modelo para la construcción social de la desmesura, en SEGURIDAD Y MIEDOS. Qué ciudadanía para los jóvenes, de Susana Mallo y Nilia Viscardi (coord.), FCS- CSIC-Udelar, Montevideo, 2010, pp. 21-71.
El debate en torno a los adolescentes en conflicto con la ley está rodeado de “mitos”, que a fuerza de su reproducción en diferentes ámbitos, se transforman en verdades incontrastables para la opinión pública.
A diferencia de lo que ocurre con otros asuntos que involucran al conjunto de la población, el tema de la seguridad pública en general (del que los adolescentes en conflicto con la ley conforman una pequeña parte), es percibido y asimilado desde una perspectiva profundamente subjetiva, en tanto las personas se sienten amenazadas en su integridad y sus bienes (materiales ó inmateriales), como potenciales víctimas del delito.
Diversos estudios a nivel mundial coinciden en señalar que la sensación de inseguridad es siempre mayor que las posibilidades reales de ser víctima de un delito. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno. Como señala el sociólogo Rafael Bayce, experto en temas de seguridad pública, mientras en la década del 80 el aumento de los delitos violentos en Uruguay fue del 70%, la sensación de inseguridad en el mismo período aumentó más del 200%[1].
En todos los temas, pero aún más en los de alta complejidad y sensibilidad social, resulta un desafío para los periodistas dotar al debate de la más estricta rigurosidad, aportando elementos de información probados, manejando datos precisos y objetivos, contextualizando la información, pluralizando voces y perspectivas para que la discusión no se torne maniquea.
No obstante esto, es legítima la preocupación de la sociedad frente a determinados hechos de violencia. Es a partir de éstos que se multiplican las exigencias de “soluciones” inmediatas, que por lo general apuntan al aumento de las penas que castigan los delitos, agregando para el caso de los adolescentes, propuestas como las de “bajar la edad de imputabilidad”.
A su vez, el afán de responder a esas demandas por parte de los actores políticos, lleva a que se manejen argumentos de tipo afectivo u emocional, con escasa rigurosidad estadística y poca profundidad de análisis e información, cuya consecuencia más directa es la dificultad de comprender un tema que debe ser encarado desde múltiples dimensiones: el sistema de políticas sociales; la economía; los métodos de resolución de conflictos que prevalecen en la sociedad; las crecientes dificultades de contención que tienen las familias, entre muchos otros, y que muy lejos está de solucionarse con medidas punitivas.
Que los adolescentes "son cada vez más peligrosos", que "son inimputables" o que el Código de la Niñez y la Adolescencia es “blando” y por lo tanto debe ser modificado, son algunas de las opiniones que se trasladan, sin operación ninguna de verificación, de la calle a la prensa transformándose en postulados o verdades, que no requieren más fundamentación que su mera formulación. Una riesgosa traslación del "sentido común popular" a enfoque periodístico que no contribuye a una más amplia comprensión de la problemática.
La mayor presencia del tema en los medios de comunicación, también ha contribuido a generar esta distancia entre los índices de delitos y la sensación de inseguridad.
