Como periodistas y comunicadores debemos tener presente el contenido y el alcance de la legislación a la hora de realizar nuestro trabajo, ya que nuestra profesión conlleva un grado de responsabilidad importante, en tanto contribuimos a la construcción de lo que la opinión pública entiende por realidad.

Somos, en otras palabras, mediadores; nos ubicamos entre los hechos y en cómo estos son percibidos por la población y convertidos en imaginario social. El modo en que presentemos estos hechos, resulta clave para generar en la opinión púbica una nueva mirada sobre la niñez y la adolescencia; una mirada que los integre como sujetos de derechos.

El cambio de paradigma que supuso la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) primero y el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA-Ley 17.823) después, alcanza a los profesionales de la comunicación. Así, también los periodistas debemos adecuar nuestra tarea diaria para proteger y promover los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, sin que esto vaya en desmedro de la calidad de la información, pero sí teniendo como premisa que el interés superior del niño debe prevalecer en cualquier circunstancia, incluso sobre la libertad que tenemos los periodistas para informar sobre asuntos de interés público.

Es nuestra tarea, además, velar por el cumplimiento de estas normas por parte de las instituciones y organismos del Estado, dar seguimiento y visibilidad a las políticas públicas y promover prácticas periodísticas que incluyan contenidos para niños, niñas y adolescentes, y que tomen en cuenta su opinión sobre los temas que, directa o indirectamente, los afectan e involucran.